viernes, 9 de marzo de 2007

Transparencia informativa, un camino hacia la democracia

Por Georgina Lizeth Osuna López

La mayoría de los mexicanos estamos en la lucha constante por vivir en un mejor país, que nos brinde más oportunidades y mejor calidad de vida. Lo anterior es el principio primordial de la democracia, asegurar que las personas que son nuestros representantes en el gobierno cuidan nuestros intereses y bienestar.

Creado en el 2005, por la Ley de acceso a la Información del Estado, el Instituto de la Transparencia Informativa (ITC), inició labores hasta el 2006, funcionando como un órgano del Congreso del Estado con autonomía técnica de gestión; está integrado por tres vocales y los acuerdos se llevan a través del Presidente, en el caso de Sonora esta facultad descansa sobre Conrado Samaniego Villasana.

El objetivo esencial de ésta, “es garantizar el acceso de toda persona a la información pública, además de emitir lineamientos en cuanto al acceso, clasificación y manejo de ésta que usan los sujetos obligados; además de crear y promover una cultura cívica generalizada en concordancia al uso responsable de la misma”, declaró Samaniego Villasana.


¿Cómo llevarlo a cabo?

Una suma de 2 mil solicitudes, se han presentado en las oficinas de enlace, a las que todos tenemos acceso, de cada una de las instancias de gobierno. Ellas serán las encargadas de dar trámite y si cuentan con la información se puede entregar a través de la unidad, por medios electrónicos, por escrito o incluso en forma verbal si el solicitante accede. El trámite no tiene costo, pero cuando hay reproducción de documentos se establece una cuota por página que no debe exceder a las del mercado actual.

De las solicitudes realizadas, el 80% han sido contestadas con satisfacción, dejando solamente veinticuatro inconformidades que les fue negada la información o bien se otorgó incompleta, éstas fueron efectuadas por parte de los medios, aseguró el representante del ITC de Sonora.

El plazo máximo para la entrega de la información es de quince días, con excepción de cuando se necesita reproducción de documentos que se otorgan sesenta días para la realización del pago y luego hacerlo saber a la unidad correspondiente para dar seguimiento al trámite.

¿Quiénes están obligados?

La información que puede ser solicitada, incluye a todas las dependencias de gobierno de los tres poderes y con todos sus organismos, también de organismos constitucionalmente autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Universidad de Sonora (Unison), además de los setenta y dos ayuntamientos.

El límite de esta ley nos remite a la información llamada de carácter reservado y confidencial. La primera se refiere a la que afectará la seguridad pública, estabilidad económica, financiera y social del Estado, o cause daños a terceros. La última es aquella que contiene datos personales de los servidores públicos.

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